Gobierno busca sancionar a empresas que afecten la libre competencia
Reforma constitucional. Propuesta del Ejecutivo plantea incorporar en la Constitución de forma expresa la prohibición de oligopolios y monopolios. Expertos señalan que falta sustento técnico a la iniciativa. No obstante, piden fortalecer los órganos reguladores existentes para evaluar su eficacia.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció el jueves 7 de abril que, en el marco de la economía social de mercado, el Ejecutivo presentará al Congreso un proyecto de ley para que la Constitución prohíba —de forma expresa— los monopolios, los oligopolios y otras posiciones dominantes que puedan repercutir en la fijación de los precios de los productos.

Durante la inauguración del IV Consejo Descentralizado de Ministros, en la ciudad de Huancayo, en Junín, el premier explicó que la propuesta plantea frenar que centros de poder económico fijen precios altos, afectando a la ciudadanía.

“Presentaremos al Congreso un proyecto de ley para que en la Constitución se prohíban los monopolios, los oligopolios y las posiciones dominantes. Ciertos centros de poder económico son los que fijan los precios altos, ellos por supuesto se llenan los bolsillos ilícitamente, no decentemente, con el dinero de los más pobres”, manifestó.

Y en efecto, la tarde del viernes 8 de abril, la iniciativa ingresó a mesa de partes del Parlamento de donde pasará a la Comisión de Constitución, la cual deberá debatir y elaborar el predictamen y “si supera esta fase será elevado al Pleno, donde puede obtener los 87 votos necesarios para reformar un artículo de la Constitución en dos legislaturas o 66 votos más referéndum”, detalla Alejandro Rospigliosi, constitucionalista y exvicepresidente del Tribunal de Indecopi.

La propuesta legal plantea modificar el artículo 61 de la Constitución Política del Perú con la finalidad de fortalecer el accionar del Estado para garantizar la libre competencia.

Así, el artículo quedaría redactado de la siguiente manera:

“El Estado facilita y vigila la libre competencia, según los principios y fines de la economía social de mercado. Están prohibidos los monopolios, oligopolios, acaparamientos, especulación o concertación de precios, así como el abuso de posiciones dominantes en el mercado”.

De esta manera, el Estado busca imponer sanciones administrativas, civiles y penales a los agentes económicos que incurran en estas prácticas que afectan la libre y real competencia.

La iniciativa legal se justifica en “la necesidad de establecer obligaciones concretas desde la misma Constitución para que el Estado asuma una posición más firme en la defensa de la libre competencia” que a su vez supone la defensa de los derechos e intereses de la ciudadanía que es la que consume los bienes y servicios del mercado.

Además, señala que si bien actualmente existen diversas normativas orientadas a combatir las situaciones que atentan contra la libre competencia en el mercado, “es necesario recalcar que por diversos motivos dichas medidas han resultado insuficientes o incluso ineficaces”.




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